Garantías laborales que brinda el estado colombiano a las trabajadoras sexuales

Abstract

When referring to this very old and controversial topic, which at the same time brings with it legal and social implications, it is necessary to take into account that in sex work, constant risks are assumed, it is also considered as a crime discriminated by its sexual content and that since there was a jurisdiction of the contingencies that run there, legitimizing the stigmatization of those who are dedicated to this work. Therefore, comprehensive policies aimed at preventing, treating, attending and supporting the problem of STIs and HIV are required, assuming a comprehensive vision in which human rights prevail as a principle. It is for this reason that the implications of sex work in the legal sphere have historically been among its contradictions and followers debates represented in different legal currents; subject that is not easy taking into account his approaches to the plane of morality, added to the blurred limits with illegality. The state as an institution has a determining role in the implications that are put on the table when dealing with the social phenomenon of prostitution not only in a national context, but at a time when the laws evolve in accordance with an international panorama posing not a few dilemmas Faced with the phenomenon that overflows the territorial limits, T-629 of 2010, which opens the discussion in Colombia, to the recognition of the activity of prostitution as work and its implications in the economic and social dimensions.

Al referirnos a este tema tan antiguo, y controversial, que a la vez trae consigo implicaciones jurídicas y sociales es preciso tener en cuenta que en el trabajo sexual, se asumen constantes riesgos además es considerado como un oficio discriminado por su contenido sexual y se ha descrito desde diversos discursos científicos y jurídicos, que han instituido una distorsión de las contingencias que allí se corren, legitimando la estigmatización de quienes se dedican a este trabajo. Por lo anterior, se requiere de políticas integrales encaminadas a prevenir, tratar, atender y apoyar el problema de las ITS y el VIH, asumiendo una visión integral en la que prevalezcan los derechos humanos como principio. Es por esto, que las implicaciones del trabajo sexual en el plano legal han tenido históricamente entre sus contradictores y seguidores debates representados en diversas corrientes jurídicas; tema que no resulta fácil de abordar teniendo en cuenta sus aproximaciones al plano de la moral, sumado a los borrosos límites con la ilegalidad. El Estado como institución tiene un rol determinante en las implicaciones que se ponen sobre la mesa al tratar el fenómeno social de la prostitución no solo en un contexto nacional, sino en un momento donde las leyes evolucionan de acuerdo con un panorama internacional planteando no pocos dilemas frente al fenómeno que se desborda de los límites territoriales, siendo el caso de la sentencia T-629 de 2010 que abre la discusión en Colombia respecto al reconocimiento de la actividad de la prostitución como trabajo y sus implicaciones en las dimensiones económica y social.