Abstract
This paper seeks to understand the enactment of Law 142 of 1994 and the relevant rules relating to fraud in the Public Services and for this reason on the basis of legal criteria stated in the jurisprudence of the Constitutional Court consider establishing criteria for which users
have brought actions for protection and judges in some failure to establish the power to
impose sanctions which have protected the rights invoked by the actors and ordering the
companies and the Superintendence of Public Services. The themes provide the source material on the history and practice of the punitive power of the state in public services, to consider the power to impose sanctions in accordance with the provisions of the regulations, a timely reference to the situation of the departments and
municipalities in the provision of public services. It should be noted that the focus of
competition constitutional sanction from the case law on energy collection and monitoring of public service Superintendent to this problem. In this order, it is essential to consider the descriptive and argumentative part of this research, to recognize the image outside the reality of who have violated their rights. Thus, from a legal perspective and research could be analyzed in order to recognize punitive powers by which operates the constitution and the law.
La presente monografía busca conocer la promulgación de la Ley 142 de 1994 y la respectiva regulación relativa al fraude en materia de los Servicios Públicos Domiciliarios; por esta razón con fundamento en los criterios jurídicos vertidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional consideramos establecer los criterios por los cuales los usuarios han
interpuesto acciones de tutela y los jueces en algunos fallos establecen la competencia
sancionatoria para lo cual se han tutelado los derechos invocados por los actores y ordenando a las empresas y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las temáticas abordadas brindaran la fuente sustancial sobre la historia y ejercicio de la potestad punitiva del Estado en materia de servicios públicos, para considerar la
competencia sancionatoria acorde a lo estipulado en la normatividad, haciendo referencia
puntualmente a la situación de los departamentos y municipios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Es de anotar que el enfoque constitucional de la competencia sancionatoria a partir de la jurisprudencia relativa al cobro de energía y la vigilancia de la superintendencia de servicios públicos ante esta problemática. En este orden,
es fundamental considerar la parte descriptiva y argumentativa de esta investigación, para
reconocer la imagen al exterior de la realidad de quienes se les vulneran sus derechos. Es así que desde la perspectiva jurídica e investigativa se pudo analizar la finalidad de reconocer competencias sancionatorias por las cuales opera la constitución y la ley.
