Marco jurídico aplicable a la indemnización de víctimas del conflicto armado en Colombia
Trabajo de grado - Pregrado
2022
Corporación Universidad de la Costa
En este trabajo de grado, se propone cumplir el propósito de revisar cómo ha venido desarrollando el Gobierno Colombiano la política pública de reparación a las víctimas del Conflicto armado a través de la aplicación de un mecanismo de justicia, y en un Marco Jurídico Aplicable a la Indemnización de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia Se hará algunas consideraciones sobre los antecedentes de esta medida, donde se establece que la eficacia perseguida por la normatividad por tratarse de una política pública realmente orientada a detener la victimización que sufre parte de la población Nacional, se busca aportar a la reflexión sobre ese momento que le dio inicio a este proceso de reparación de víctimas, antes de adoptar la decisión correspondiente, la Corte estima indispensable referirse al marco histórico dentro del cual tuvieron desarrollo las conductas objeto de juzgamiento en este proceso, con el propósito de facilitar el cabal entendimiento de su gravedad e incidencia en las comunidades afectadas por ellas. A través de esta sentencia muy esperada, en tanto que podría ser la primera en firme del proceso de Justicia y Paz, razón por la cual se esperaría que no fuera apelada. Sin embargo y para sorpresa de todos, por las diferentes expectativas que generó, sobre todo en su etapa de reparaciones y sentencia, Indemnización de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, este fallo fue apelado por instituciones como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, así como por los defensores de víctimas. Los fundamentos de las apelaciones giraron en torno a la imposición de cargas a la Fiscalía General de la Nación, tales como la creación de una Sub- unidad especial para la identificación y persecución de bienes de los postulados, que puedan estar en cabeza de terceros, de ex congresistas condenados e investigados por la denominada “parapolítica” y de los ex comandantes de las AUC fallecidos que se encuentren en cabeza de sus herederos. Así mismo, las apelaciones pidieron la nulidad de lo actuado a partir del Incidente de reparación hasta la sentencia, ya que se impusieron obligaciones al Estado, en sus diferentes instituciones, sin que éste hubiera sido vinculado al proceso, razón por la cual no fue escuchado ni fue vencido en juicio. Otro de los argumentos se basó en el daño individual, sobre el que no habría mayor discusión ya que se han desarrollado suficientemente unos criterios por la Jurisdicción civil y administrativa en estos temas y sólo habría que demostrar el daño, el nexo causal y el hecho generador del mismo. De otra parte, en cuanto a las apelaciones de las demás instituciones, podría decirse que carecen de fundamento jurídico y son de mero formalismo, lo que después de cinco años de Justicia y Paz. Por otro lado, también debe limitarse hasta donde el papel de una reparación cumple con compensar colectivamente a una comunidad, y hasta donde pretende suplir las obligaciones de un Estado Social de Derecho, como lo es la prestación de servicios básicos para la población colombiana. In this degree work, it is proposed to fulfill the purpose of reviewing how the Colombian Government has been developing the public policy of reparation to the victims of the Armed Conflict through the application of a justice mechanism, and in a Legal Framework Applicable to the Compensation for Victims of the Armed Conflict in Colombia. Some considerations will be made about the background of this measure, where it is established that the effectiveness pursued by the regulations because it is a public policy really aimed at stopping the victimization suffered by part of the National population, seeks to contribute to the reflection on that moment. That gave rise to this process of reparation for victims, before adopting the corresponding decision, the Court deems it essential to refer to the historical framework within which the conducts subject to trial in this process took place, in order to facilitate a full understanding of their severity and incidence in the communitiesaffected by them. Through this long-awaited ruling, as it could be the first firm in the Justice and Peace process, which is why it is expected that it will not be appealed. However, and to everyone's surprise, due to the different expectations it generated, especially in its stage of reparations and sentencing, Compensation of Victims of the Armed Conflict in Colombia, this ruling was appealed by institutions such as the Attorney General's Office and the Attorney General's Office. General of the Nation, as well as by the defenders of victims. The grounds for the appeals revolved around the imposition of burdens on the Attorney General's Office, such as the creation of a special Sub-unit for the identification and prosecutionof assets of the applicants, which may be headed by third parties, of former congressmen convicted and investigated for the so-called "parapolitics" and of the deceased former commanders of the AUC who are at the head of their heirs. Likewise, the appeals requested the annulment of the proceedings from the Incident of reparation until the sentence, since obligations were imposed on the State, in its different institutions, without it having been linked to the process, which is why it was not heard. nor was he defeated in court. Another argument was based on individual damage, about which there would be no further discussion since criteria have been sufficiently developed by the civil and administrative Jurisdiction on these issues and it would only be necessary to demonstrate the damage, the causal link and the generating event of the same. On the other hand, as for the appeals of the other institutions, it could be said that they lack a legal basis and are merely formal, which is the case after five years of Justice and Peace. On the other hand, it must also be limited to the extent to which the role of a reparation complies with collectively compensating a community, and to the extent to which it intends to meet the obligations of a Social State of Law, such as the provision of basic services for the Colombian population.
- Pregrado [1280]
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